Especial para EL MUNDO

TOKIO.- El Parlamento japonés aprobó ayer una inyección billonaria adicional de fondos públicos para liquidar los bancos quebrados, socorrer a los que podrían sobrevivir a la actual crisis financiera, auxiliar a las entidades solventes y prestar cooperación a las instituciones que estén dispuestas a adquirir negocios o acciones de los bancos que serán nacionalizados según el esquema aprobado el pasado día 12.

El paquete legislativo es la segunda y última parte del plan de saneamiento y estabilización financiera, destinado a poner fin a la esclerosis que viene sufriendo desde hace una década el sistema bancario japonés, a causa de los cerca de 100 billones de yenes en créditos irrecuperables que se generaron después del estallido de la burbuja económica.

El plan prevé el uso de un total de 60 billones de yenes (72,6 billones de pesetas) para sanear a la banca en crisis. De estos, se destinarán 18 billones a la liquidación de los bancos insolventes; 25 billones a la recapitalización de las entidades considerados débiles, pero que podrían resistir la crisis; y 17 billones a la protección de los depósitos.

La promulgación de esta serie de leyes establece las bases para la estabilización del sistema financiero, declaró victorioso el primer ministro, Keizo Obuchi, tras el cierre de la sesión parlamentaria.

La aprobación del controvertido plan, por una amplia mayoría del Senado (158 votos a favor; 87 en contra), ha sido considerada como el mayor triunfo político del primer ministro y su partido, el Partido Liberal Demócrata (PLD).

Obuchi y el PLD tuvieron que convencer a varias agrupaciones opositoras menores de las bondades de su propuesta, para lograr así que el Senado aprobara el paquete legislativo justo el día de cierre de la sesión extraordinaria.

Mayor fuerza

El retraso se debió a que la mayor fuerza de la oposición, el Partido Demócrata, rechazó hasta el final la propuesta de inyectar dinero de los contribuyentes a los bancos solventes, ya que considera que es inmoral el uso de fondos públicos para reparar los errores de instituciones que operan en un sistema de mercado libre.

A diferencia del Partido Demócrata, el PLD estima que la utilización de fondos públicos solamente para liquidar o nacionalizar los bancos quebrados, si bien representa un gran paso adelante, no pone fin al credit crunch (reducción del crédito) en el que está sumida la economía japonesa. Este fenómeno ha provocado ya el mayor número de bancarrotas y la recesión más grave de la Historia del país desde la Segunda Guerra Mundial.

Con la medida aprobada, que fijado el plan de rescate del afligido sistema financiero japonés, en el que los multimillonarios impagados crediticios que soporta la banca privada han contribuido a empeorar la crisis económica que padece el país desde el pasado año, que ha colocado el desempleo en el 4,3% y paralizado el consumo interno.

El PLD cree que el Gobierno debe favorecer a las instituciones que mejor podrían contribuir al otorgamiento de créditos frescos a la industria: los bancos cuya solvencia esté debilitada, pero sean viables, y las instituciones sanas que podrían fusionarse con las entidades nacionalizados.

Pese a los buenos augurios gubernamentales, se cree que será difícil que los bancos viables y solventes pidan por iniciativa propia una mano al Gobierno, puesto que el sólo hecho de formalizar una petición de fondos -que contribuiría a su capitalización- marcaría internacionalmente a dichas instituciones.

Tanto el Gobierno como el Banco de Japón insistieron en que los 18 mayores bancos japoneses tendrán que aceptar el plan aprobado ayer.

Para determinar la condición de salud de cada institución y el plan al que deberá someterse, una comisión independiente realizará, de forma conjunta con el Ministerio de Finanzas, un minucioso examen de solvencia.