MADRID.- El fiscal anticorrupción, Vicente González de la Mota, ha pedido en su escrito de acusación una pena de ocho años y dos meses de prisión menor para cada uno de los cinco imputados en el caso PSV, Carlos Soto, Paulino Barrabés, Sebastián Reyna, Francisco Hernández y Fermín Bretón, por un delito continuado de apropiación indebida, con la agravante del gran número de perjudicados, la cuantía defraudada y por tratarse de un bien de primera necesidad, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En el escrito, presentado esta semana ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, el fiscal cifra la responsabilidad civil en algo más de 18.000 millones de pesetas, que deberán abonar los cinco procesados, de forma solidaria, a PSV. Como responsable civil subsidiario, se cita a UGT y a algunas empresas del grupo IGS, gestora de PSV.