MADRID.- El Tribunal Supremo ha decidido rebajar las penas de prisión para los tres guardias civiles condenados en 1997 por torturar al presunto miembro de ETA Kepa Urra. Sin embargo, pese a la rebaja de 4 a 1 año de cárcel, mantiene los seis años de inhabilitación para los guardias civiles Manuel Sánchez Corbí, José María de las Cuevas Carretero y Antonio Lozano García.

De esta forma, los tres agentes deberán abandonar sus puestos como funcionarios públicos de forma inmediata y hasta pasado ese periodo fijado por el Supremo no podrán reincorporarse a sus actuales destinos.

De esta forma, Sánchez Corbí, capitán de la Guardia Civil, uno de los puntales en la coordinación con Francia en la lucha antiterrorista, condecorado por su participación en la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y hombre «mimado» por el actual Ministerio del Interior quedará desvinculado de la Guardia Civil durante seis años a partir de hoy.

Sin embargo, fuentes del Departamento dirigido por Jaime Mayor Oreja indicaron ayer a este periódico que desde ese Ministerio se realizarán todas las gestiones pertinentes para impulsar la concesión del indulto para estos tres guardias civiles por parte del Consejo de Ministros. Actualmente Sánchez Corbí se encuentra en Pau realizando labores de enlace con los servicios de información de la Guardia Civil en todo lo referente a la organización terrorista ETA.

Otro de los agentes condenados, José María de las Cuevas Carretero está destinado en la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil. Tanto Sánchez Corbí como De las Cuevas fueron recibidos por el presidente del Gobierno, José María Aznar, en La Moncloa.

Los tres agentes que han sido inhabilitados por el Supremo se hicieron cargo del presunto etarra Kepa Urra tras una operación antiterrorista realizada por la Guardia Civil en Basauri (Vizcaya) hace seis años. En vez de trasladar al detenido al acuartelamiento de la Guardia Civil en La Salve lo llevaron a un descampado donde, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, «le desnudaron, le golpearon con un objeto no identificado y le arrastraron por el suelo». Con estos actos, los agentes pretendían que el detenido se identificara y facilitara el lugar donde presuntamente se encontraba un zulo con armas y el nombre de sus compañeros.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo estima «parcialmente» el motivo por el cual recurrió la sentencia el fiscal, que defendía la aplicación de un tipo penal distinto al que se aplicó en la condena, y que supondría una pena menor.

El Supremo ha decidido rebajar las condenas tras analizar el escrito del propio fiscal del caso, quien, en una decisión poco habitual, decidió recurrir la sentencia de la Audiencia de Vizcaya para que rebajara la condena a los gurdias civiles.