Corresponsal

OVIEDO.- La crisis de los populares y del Gobierno regional asturianos llegó ayer ante los tribunales de Justicia del Principado. Por una parte, el diputado del PP Manuel García Santoveña acudió a declarar en calidad de testigo ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Rafael Valero Oltra. El fiscal ha abierto diligencias de investigación de oficio tras las denuncias de «prevaricación» realizadas por el Grupo Popular contra el Gobierno de Marqués, por la adjudicación de obras financiadas con los fondos mineros.

Por otra parte, un abogado del Principado acudió ayer por la mañana a la misma sede para presentar una querella del Ejecutivo asturiano por «injurias y calumnias» contra el propio García Santoveña y contra la diputada nacional y alcaldesa de Oviedo, Alicia Castro Masaveu, tras las denuncias realizadas.

Manuel García Santoveña llegó puntual a su cita con el representante del Ministerio Público. Acompañado de seis diputados autonómicos y la diputada nacional Mercedes Fernández, compareció a las 11,30 horas, tal y como le habían citado. Entró y salió sin desvelar ningún dato más sobre los documentos que supuestamente probarían sus denuncias. «Ahora que está actuando la Justicia no quiero que se hagan juicios paralelos», justificó Santoveña. Mercedes Fernández anunció la «colaboración total» de su Grupo con el fiscal.

El abogado del Principado, por su parte, presentó en solitario la demanda. Sin embargo, un miembro cercano al Ejecutivo desveló que éste no descarta iniciar en el futuro acciones penales con demandas millonarias porque «se está poniendo en entredicho el honor de Sergio Marqués y del consejero Juan José Tielve», añadió. Los dos afectados, según aseguró, estarían dispuestas a interponer a nivel personal estas demandas.