MANUEL SANCHEZ
MADRID.- Como si del juicio oral se tratase, todas las partes se emplearon a fondo ayer, en la vista pública del recurso de apelación del juez Javier Gómez de Liaño en contra de su procesamiento por tres delitos de prevaricación relacionados con la instrucción del caso Sogecable.
El abogado del juez, Jorge Trías, y el fiscal José María Luzón, por un lado; y las acusaciones representadas por Horacio Oliva y por José Emilio Rodríguez Menéndez, desplegaron todo tipo de argumentos durante más de tres horas de sesión, conocedores de que en la resolución de este recurso se juegan una gran parte del futuro profesional y personal del juez.
La sesión la abrió el abogado defensor de Gómez de Liaño, el diputado del Partido Popular Jorge Trías, quien hizo hincapié en que su cliente actuó, «siempre, y en todo momento apoyado por la Fiscalía, la única parte imparcial del proceso».
Unos hechos ya archivados
.Trías, tras recordar que el caso de Gómez de Liaño es el único de presunta prevaricación judicial que ha prosperado en España sin el apoyo del Ministerio Público, argumentó que los hechos investigados son los mismos de la causa que el Supremo ya archivó, relativa a la supuesta trama denunciada por el juez Baltasar Garzón para acabar con el presidente de Sogecable y de Prisa, Jesús Polanco.
Por último, Trías calificó a su cliente como un magistrado «idealista y honesto», y aseguró que puede haber cometido errores, pero nunca delitos.
Este último argumento sirvió también de hilo conductor al fiscal, que intervino a continuación para adherirse al recurso del juez y solicitar a la Sala que revoque el procesamiento.
José María Luzón no ocultó que la conducta del magistrado Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable puede ser censurable. Incluso habló del «empecinamiento» del juez en esta causa, pero añadió que el hecho de que el magistrado se sintiera cargado de razón y convencido plenamente de su actuación, excluye taxativamente que cometiera prevaricación alguna.
Horacio Oliva, abogado de Sogecable, se percató de que la intervención del fiscal podría desequilibrar la balanza en contra de sus intereses, y dedicó gran parte de su intervención en rebatir al Ministerio Público.
En este sentido, calificó de «paternalista» la intervención del fiscal, y recordó insistentemente las tres decisiones presuntamente prevaricadoras (decretar el secreto del sumario, prohibir a Jesús Polanco la salida del territorio nacional sin permiso del juzgado e imponerle una fianza de 200 millones de pesetas).
Horacio Oliva también hizo hincapié en las resoluciones de la Sala de la Audiencia Nacional que revocó numerosas decisiones del juez en este caso.
Por último, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que ejerce la acción popular contra Gómez de Liaño, reclamó que se confirme el procesamiento del juez.
La Sala, compuesta por los magistrados Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez Pereda, resolverá este recurso la próxima semana.