MADRID.- Imagínese que hace cuatro años usted, una persona sin antecedentes penales, hubiese cometido un delito menor: robar un coche, un hurto de importancia, romper un escaparate... Tras ser detenido por la policía, el juez decretó su ingreso en prisión como preventivo, un mes y medio aproximadamente. Y posteriormente recuperó la libertad, hasta hoy.

Imagínese también que ahora, con una vida normalizada -trabajo, pareja, reconocimiento social, etcétera- está esperando que, de un momento a otro, le citen para ser juzgado por aquél error que cometió en una fase equivocada de su vida. Se expone a una condena de un año de cárcel y a pagar un millón de pesetas de multa. ¿Cómo reaccionaría?

En esta situación vive Martín, un ex toxicómano de 32 años, que trabaja como mensajero en una empresa de inserción social. «Yo estoy de acuerdo con que los autores de delitos paguen por ello. ¡Pero que lo hagan en su momento! Cuando me levanto siempre tengo la sensación de que me pueden llevar a la cárcel de nuevo. ¿Qué justicia es esta que a una persona reinsertada le quieren meter entre rejas y a otros, hartos de hacer maldades, entran por una puerta y salen por otra?», se pregunta Martín.

El caso de Miguel también es significativo. Adicto a las drogas desde los 15 años, su carrera delictiva no tuvo freno hasta que a los 21 se desenganchó en una comunidad terapeútica. También estuvo en la cárcel dos meses por robar un coche. Hace cinco años, cuando ya tenía mujer e hijo, un trabajo remunerado y otro altruista ayudando a la reinserción de jóvenes, la policía le detuvo cuando fue a sacarse el pasaporte a una comisaría. Tenía una causa pendiente por traficar con hachís, ¡en la década pasada!

«Pasé en prisión las dos semanas peores de mi vida. Cuando me metieron la primera vez estaba en la misma movida que mis compañeros de galería. Pero en esta ocasión me sentía como un pececillo nadando entre tiburones. Ya no tenía nada que ver con aquél ambiente donde lo único que aprendes es a ser un hombre duro», recuerda Miguel.

A Pablo, otro ex toxicómano rehabilitado, le dieron a elegir entre pasar tres años entre rejas o estar 21 meses de «remisión condicional» en una comunidad terapeútica. Eligió la segunda opción. Sus dos cómplices han desaparecido del mapa. Uno sigue interno y el otro murió de sida. Con su tarjeta de presentación de ex drogadicto y ex recluso sólo encontró trabajo en una empresa de inserción social. Pero todavía tiene cuentas pendientes con la Justicia. Su destino depende del juez: más carne de cañón en una celda o afirmarse en una vida como la de cualquiera.

Empresas de economía social

Las empresas de inserción social están floreciendo en la Comunidad de Madrid. Su principal característica es que son las únicas que discriminan favorablemente a sus trabajadores. «Aquí, estar infectado con el virus del sida, ser toxicómano, ex recluso o tener que presentarse ante un juzgado cada 15 días no son causas excluyentes para trabajar, como en la mayoría de las empresas. Al contrario. Para nosotros es un aliciente normalizar su vida», asegura Angel Hernández, presidente de la Asociación Madrileña de Inserción Social, Amis Aurrerá.

Desde esta organización, subvencionada por el Gobierno regional con 14 millones de pesetas, se ayuda a los jóvenes, que acaban de salir de la cárcel o de los pisos tutelados por la Comunidad, a reorientar su vida «con hechos concretos. Les facilitamos apoyo psicológico, les ayudamos a encontrar viviendas baratas y les ofrecemos un trabajo», afirma Angel. La asociación ayudó en la reinserción de Sergio Seisdedos, el joven que tiene una condena pendiente de dos años de cárcel acusado de robar 2.000 pesetas, una caja de tabaco y unas golosinas, y cuya historia (ver EL MUNDO de el pasado jueves) ha levantado ampollas.