Las listas de espera, que aparecen como una de las principales preocupaciones de todos los responsables de política sanitaria, constituyen una de las limitaciones de nuestro indefinido Sistema Nacional de Salud.

Uno sabe que tiene derecho a recibir la prestación asistencial, pero no se le garantiza cuándo va a recibirla. No se limitan las prestaciones, pero se demoran en exceso algunas de ellas, como se pone de manifiesto, periódicamente, en los informes del Defensor del Pueblo, por no citar esos casos sangrantes que, de vez en cuando, acuden a las páginas de los periódicos en busca de amparo.

La consecuencia de estas demoras se traduce, en la práctica, en una excesiva e inadecuada utilización de las urgencias hospitalarias, dado que dos tercios de ellas no suele merecer tal consideración.

De todos modos, acudir a los servicios de urgencia parece la vía más fácil para ingresar en el hospital. Según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud, casi el 55% de las entradas se realizó a través de ellos. Esta práctica produce desvíos de recursos, así como su aumento incontrolado, y, sobre todo, rompe con el ritmo normal de actuación de los centros asistenciales.

Como en otros problemas de nuestro sistema de salud, la solución pasa por educar a los ciudadanos en la utilización correcta de unos servicios al alcance de todos, haciéndoles partícipes directos de su coste, único medio de fácil comprensión. Por supuesto que a cada uno según sus posibilidades.

Aunque, a la vista de las declaraciones de los políticos, nos hallamos ante un camino que no se va a seguir, dado el coste social que comporta.

Otra consecuencia de la falta de límites en nuestro sistema sanitario debe buscarse en la deuda pendiente con las empresas suministradoras de sus centros. Deudas que, de forma estimativa y sumando las correspondientes a las empresas de material sanitario y las de los laboratorios farmacéuticos, se aproximan a los 300.000 millones de pesetas. Es decir, el sistema se mantiene gracias al apoyo que recibe de las empresas privadas. Se trata también de una demora, como la de las listas de espera, aunque no provoca tantas críticas sociales.

Ha llegado el momento de poner límites al sistema, si realmente se quiere su pervivencia y la igualdad asistencial entre los ciudadanos. Debe facilitarse, a todos, el acceso a la asistencia en condiciones de igualdad, pero resulta de difícil comprensión que no existan medidas disuasorias, o al menos cauces intermedios de obligado cumplimiento, para racionalizar la demanda.

Carlos Nicolás Ortiz es periodista especializado en política sanitaria.